Vicepresidente encargado de la presidencia tiene serias denuncias de corrupción


Víctor Andrés García Belaunde propuso plantear vacancia de Giampietri en el cargo de vicepresidente por “incapacidad moral”.
Desde hoy, el almirante Luis Giampietri asume el cargo de presidente encargado. La gira emprendida por Alan García motivó el reemplazo temporal. No sé tomó en cuenta que Giampietri está cuestionado por acusaciones de corrupción.

García partió a Japón, Surcorea y Singapur sin atender el reclamo de legisladores de cuatro partidos que le pidieron no dejar la Presidencia en manos de Giampietri, sino en las de la segunda vicepresidenta, Lourdes Mendoza.

Los parlamentarios argumentaron que Giampietri no está moralmente calificado para reemplazar al jefe de Estado. El congresista Víctor García Belaunde planteó inclusive la posibilidad de plantear al Congreso de la República la vacancia de Giampietri por "incapacidad moral".

Reducen personal de Procuraduría

Demasiada casualidad: al día siguiente que se difundió la denuncia sobre negociados en las compras de armas en la Marina, involucrando al vicepresidente Luis Giampietri, el ministro de Justicia Aurelio Pastor anunció la reducción de personal de la procuraduría ad hoc de los casos Fujimori y Montesinos.

Entre 10 y 20 abogados fueron despedidos por la anunciada reducción del personal, a la vez que se inició un proceso de fusión con la procuraduría que dirige Jorge Luis Caldas, que ve los casos de corrupción desde el 2001.

El doctor Pedro Gamarra, quien dirige la Procuraduría, señaló: “Este es un proceso que se inició hace un tiempo, no tiene que ver con el caso Giampietri. Ya no tenemos muchos casos y nos vamos a integrar a la procuraduría anticorrupción”.

Denuncias

La fiscal Marlene Berrú presentó la denuncia Nº 55-2005, contra el primer vicepresidente y 37 oficiales de la Marina basada en el informe de la comisión investigadora del Congreso que entre el 2001 y 2002 investigó las compras militares durante el régimen de Alberto Fujimori.

Este se sustentó con el informe Nº 054-2005 del 2005 el cual es redactado por la Contraloría General de la República, que detalla la revisión de 14 procesos de adquisiciones realizados por la Marina entre los años 1994-1997, tiempo en el cual Luis Giampietri tenía responsabilidad por las compras de esta institución.

La licitación investigada es por beneficiar directamente a la Compañía Atlas Trade, la misma que “pese a que esta presentó una munición de un alcance de 8.250 km y se pedía granadas para 12 km”. Se recomendó entregar la buena pro a esta compañía para la compra de diversa munición para la Infantería de Marina.

Con respecto a las adquisiciones, hasta ahora no se han encontrado las bases técnicas ni los informes técnicos que indicaran si el material adquirido era el más óptimo. No obstante, sí se han hallado cartas de invitación a los vendedores de armas.

En otra parte de la denuncia se reseña una licitación directa para adquirir baterías primarias para torpedos por 1’008,000. Se habría concertado con la Compañía Yardney Technical Products Inc., representada por Anthony M. Aretakis, para otorgarle el contrato.

Giampietri rechaza denuncia

“Esta denuncia es insostenible y carece de fundamento. La fiscal Marlene Berrú ha hecho un ‘barrido’, nos ha acusado a todos por los mismos delitos, lo que le quita seriedad a su denuncia. Espero que la jueza evalúe bien esta situación y la desestime”, explicó Luis Giampietri.

El vicepresidente agregó que las compras se realizaron en el marco del conflicto con Ecuador.

Constitucionalistas aclaran

Pero, ¿es posible pedir la vacancia del vicepresidente hoy encargado de la presidencia? Para los constitucionalistas César Valega y Samuel Abad esto no es posible. Entrevistados sobre el tema, señalaron que el pedido de vacancia correspondería a Giampietri como congresista, “cuando reciba una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad del proceso que actualmente se le sigue”.

Pero precisaron que la propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaunde para vacarlo por su cargo de primer vicepresidente no es posible porque no tiene ninguna función como tal. Sólo es un suplente, añadieron.

Alejandro Toledo se suma a los esfuerzos de paz en Medio Oriente

Participa en el Foro Saban en Jerusalén y Ramallah, junto con el Primer Ministro de Israel, el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, el ex presidente Bill Clinton, el Sub Secretario del Departamento de Estado y varios congresistas y senadores norteamericanos; quienes dialogan sobre la paz en esa región.
La sexta Conferencia Anual del Foro Saban se inauguró el día de ayer sábado en Jerusalén, con representantes de Israel y los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el ex presidente Bill Clinton, , los senadores Joe Lieberman y Lindsey Graham, los congresistas Howard Berman, Henry Waxman, Jane Harman,el Gobernador de California Arnold Schwarzenegger así como el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Ehud Barak, de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman, la lideresa del Partido Kadima Tzipi Livni, el director de Inteligencia Militar Amos Yadlin entre otras autoridades israelíes.
Los delegados extranjeros también visitaron Ramallah para hablar con los líderes palestinos, entre ellos el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad.
Alejandro Toledo es el único líder latinoamericano invitado al renombrado fórum que este año evalúa las relaciones entre Israel y la nueva administración Obama y la posible declaratoria del Estado de Palestina, ante lo cual las autoridades israelíes han adelantado que debe ser negociada y no unilateral.

Alan García: “espionaje es atentado contra la soberanía”


Se enviará resultado de investigaciones a Chile, para que gobierno Mapocho proceda a investigar lo ocurrido allá, deslinde y explique.
“Quiero expresar ante el país, ante el pueblo chileno, ante Sudamérica y ante la opinión mundial mi rechazo enérgico y categórico ante este hecho que atenta contra la soberanía del Perú”, expresó en tono fuerte el presidente Alan García a la prensa ayer desde Palacio de Gobierno.

Demanda explicaciones

Informó que pedirá explicaciones al gobierno chileno. “Nos toca con todo respeto pedir al Gobierno de Chile las investigaciones correspondientes. He pedido al canciller (José Antonio García Belaunde) que se reúna con la Fiscal de la Nación para tener las declaraciones y toda la información necesaria para poder entregársela al Gobierno chileno, para que las investigue y para que pueda darnos las deslindaciones correspondientes que el Perú en este momento reclama”, afirmó.

El Presidente dijo también que no responsabiliza directamente a la presidenta chilena Michelle Bachelet, ni a sus ministros, “pero tenemos el derecho de pedir explicaciones”, y finalizó diciendo que no se van a propiciar actos de violencia entre pueblos hermanos.

Reacciones en Santiago

Por su parte, el canciller chileno Mariano Fernández pidió “serenidad” a los representantes políticos del Perú y negó nuevamente que Chile esté involucrado en un caso de espionaje en contra de los intereses peruanos.

“El gobierno (chileno) no practica el espionaje y no aceptamos imputaciones de ninguna parte”, resaltó el diplomático, con respecto a las declaraciones directas del presidente García.

“Chile no tiene nada que ver en este caso, no tenemos ninguna información disponible que permita vislumbrar siquiera algún tipo de participación chilena”, señaló Fernández, al término de una reunión con el vicepresidente Edmundo Pérez Yoma, el titular de Defensa Francisco Vidal y el subsecretario de RR.EE. Alberto van Klaveren, según la página web del diario La Tercera.

Avanzan investigaciones

Mientras que su homólogo peruano, el canciller José Antonio García Belaunde, expresó que se reunió por la tarde con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, con el objetivo de reunir documentación que confirma la entrega de secretos militares a Chile por parte del espía Ariza.

García Belaúnde afirmó que luego de recabar la información necesaria, la misma será remitida a Chile.

Suboficial FAP filtraba información para Chile

Víctor Ariza Mendoza será juzgado por traición a la patria.
Agentes de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (SEDIN) detuvieron el jueves 12 al suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza justo en el momento en que enviaba información a contactos militares en Chile.

Una vez que el SEDIN confirmó que remitía información al país vecino del sur, empezaron a realizar una operación de vigilancia y seguimiento durante casi cinco semanas, con la finalidad de descubrir la identidad de sus nexos en Chile, la identidad de sus eventuales cómplices en la institución y la forma en la que era recompensado económicamente por el sur.

De esta forma, fuentes militares concluyeron en que Víctor Ariza recibía pagos que iban de US$ 6 mil y 9 mil, dependiendo de la información que mandaba. El dinero que recibía por dichos encargos, le llegaba vía courrier.

El suboficial Víctor Ariza, perteneciente a la promoción “Técnico Superior FAP Armando Orozco Falla” 1983, de la Escuela de Suboficiales de la FAP (ESOFAP), pudo obtener una copia de la relación completa de los subalternos y oficiales de la institución que recibían instrucción en la Escuela de Inteligencia de la FAP (EIFAP), y con esta información, Chile podía pautear el desplazamiento de los efectivos especializados.

Luego de entregar esta información, los agentes del SEDIN simularon una entrega de información para Ariza, con la finalidad de determinar el circuito que seguía.

Al parecer, Ariza Mendoza fue delatado por un presunto colaborador. La familia del suboficial, ubicada en su vivienda del Conjunto Habitacional La Cruceta, en Surco, no quiso ofrecer su versión de los hechos.

El Ministerio de Defensa reportó el caso a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, quien a su vez designó la investigación al fiscal Jorge Chávez Cotrina.

Las investigaciones militares llegaron a la conclusión de que el suboficial espió a favor de Chile durante seis años.

Por su parte, el comandante general del Ejército, Otto Guibovich, manifestó “que se le aplique todo el peso de la Ley, porque es una persona que le ha generado un mal rato a toda la nación, no solo a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Aérea (del Perú) sino a todo el país, que nos sentimos realmente traicionados”.

El canciller José Antonio García Belaúnde, hizo mención al caso de 1978, cuando Chile también espió al Perú. Señaló que ese año se descubrió que el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Julio Vargas Garayar había sido captado como espía por la embajada chilena en Lima.

Vargas Garayar fue fusilado al año siguiente, cumpliendo con las leyes peruanas de la época y se declaró persona no grata al embajador chileno Francisco Bulnes Sanfuentes.

“Las relaciones con Chile están pasando evidentemente por momentos delicados, eso no lo podemos negar. Evidentemente el espionaje entre países es un tema fuerte. Un país que espía a otro comete un acto gravemente ofensivo”, recalcó el Canciller.

Informado del tema, el presidente Alan García decidió interrumpir su participación en la Cumbre APEC que se desarrollaba en Asia. En la misma se había previsto una reunión con Michelle Bachelet, la presidenta chilena. García volvió de inmediato a Lima.

Finalmente, pidió que Chile se encargue de la investigación: “Le estamos pidiendo a Chile que investigue y sancione a los responsables. Nos interesa que haya una investigación seria y clara para saber quién es el verdadero responsable de haber ordenado y solventado un espionaje así. Consideramos que es un acto bastante inamistoso y ofensivo contra el Perú”, afirmó el jefe de Estado.

Partidos políticos apoyan al Gobierno en caso espionaje

Líderes acudieron a Palacio de Gobierno convocados por García.
Ayer el presidente Alan García se reunió con los diferentes representantes de los partidos políticos para dialogar sobre la actual situación que está viviendo el país con respecto al caso del espionaje realizado por Chile contra el Perú.

En la reunión participaron el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, los congresistas Keiko Fujimori, Mauricio Mulder, Juvenal Ordoñez y Carlos Bruce. Además, líderes como Lourdes Flores y Ollanta Humala. El canciller José Antonio García Belaunde y el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén también estuvieron presentes.

El dirigente y congresista del partido del ex presidente Alejandro Toledo, Perú Posible, Carlos Bruce, manifestó que la reunión con el jefe de estado “fue muy positiva y fortalece nuestra democracia”.

Declaró para la prensa que hubo un consenso de todos los partidos para apoyar al Gobierno peruano en esta coyuntura.

“Fue una reunión reservada muy positiva, dice mucho de la democracia. (...) Hubo un intercambio de opiniones. Considero que hubo un consenso en todas las fuerzas políticas para apoyar al Gobierno en esta coyuntura”, señaló.

El secretario del Apra, Mauricio Mulder, comunicó que hubo consenso y que los líderes de todos los partidos políticos expresaron su pleno respaldo al Gobierno peruano frente al espionaje realizado por Chile.

Mulder recalcó que en la reunión se mostró una amplia disposición de todos los grupos políticos para sumarse a los esfuerzos que conlleven al fortalecimiento de la integridad nacional y a la protesta por el espionaje y el armamentismo.

“Todos los grupos políticos hemos expresado nuestro compromiso patriótico con el Perú. Hemos tomado conocimiento de la acción condenable que ha hecho Chile y hemos debatido también las aristas de carácter político y las que pudieran ser en el futuro”, señaló para CPN Radio.

Por otro lado, el pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad un pronunciamiento oficial, en el cual se detalla la protesta y rechazo al caso de espionaje que compromete a Chile.

“El pleno del Congreso del Perú expresa su enérgica protesta y rechazo ante el caso de espionaje recientemente denunciado por las autoridades del Perú y que compromete gravemente a la República de Chile”, dice el documento.

Comisión del Congreso investigará a magistrados del PJ por caso Alas Peruanas


Comisión de Ética del Congreso verá tema de congresistas que viajaron por cuenta de esta universidad.
La Comisión de Educación del Congreso ha decidido investigar a los magistrados del Poder Judicial que viajaron invitados por la Universidad Alas Peruanas y para ello solicitó facultades especiales al pleno.

La iniciativa fue de los congresistas Luis Galarreta, de Unidad Nacional y Yonhy Lescano. El acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Galarreta manifestó que “la investigación a Alas Peruanas se justifica, más aún cuando los presidentes de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y Conafu, expresaron que no podían supervisarla”.

Detalló que ambos organismos han establecido que por resoluciones del Poder Judicial, Alas Peruanas no está bajo la competencia de la ANR y de Conafu, “eso significa que ellos se han puesto al margen (de dicha disposición) por fallos del Poder Judicial. Realmente el tema está más vinculado con el Poder Judicial”, resaltó Galarreta.

Congresistas viajeros

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Educación, Werner Cabrera, pidió al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, que retire de este grupo de trabajo a los congresistas vinculados a la Universidad Alas Peruanas.

Se trataría de los parlamentarios: Wilder Calderón, Edgar Núñez y Rafael Vásquez, “debido a que habrían contravenido las normas que regulan la actividad parlamentaria, respecto de la ética y el conflicto de intereses que se habría generado al viajar al extranjero invitados por la U. Alas Peruanas”.

También la Comisión de Fiscalización pedirá a la Comisión de Trabajo una investigación sobre los viajes de algunos congresistas que fueron auspiciados por dicha universidad.

“Pediré al presidente (de la Comisión de Trabajo) que ponga en agenda las investigaciones respectivas a estos viajes. Tiene que verse porque no podemos permitir este tipo de comportamientos por parte de algunos legisladores”, expresó José Maslucán, integrante de la Comisión de fiscalización.

Resaltó también que “los congresistas tienen que manifestar qué relación tienen con esta empresa privada y para eso vamos a solicitar a la comisión que toque el tema y lo evalúe con celeridad”.

No se registra más víctimas de la violencia


Gobierno dejó sin presupuesto al Consejo de Reparaciones.
El viernes 30 de octubre fue el último día de trabajo de la mayoría de los 40 funcionarios del Consejo de Reparaciones: el Ministerio de Economía y Finanzas no respondió al requerimiento de 800 mil soles de la Presidencia del Consejo de Ministros para cubrir el funcionamiento de esta entidad en el último trimestre del año.

Esta situación afectará seriamente la calificación e inscripción de casos en el RUV y el funcionamiento de la institución será “simbólico” porque no cerrará, por la naturaleza permanente que tiene, pero tendrá una mínima atención a las víctimas que solicitan registrarse, en tanto sólo trabajarían 6 personas.

Este año el Consejo de Reparaciones ha realizado sus actividades en forma mínima, habiendo sufrido dos veces el recorte de personal, lo que significó que el ritmo de calificación de expediente se viera notablemente mermado al no contar con un número adecuado de profesionales.

En el extremo de la situación, a partir del 1º de noviembre el Consejo de Reparaciones funcionará de manera simbólica dado que la mayoría de sus profesionales contratados con recursos del tesoro público no seguirá laborando por falta de presupuesto.

La meta para diciembre del 2009 que era inscribir hasta 90,000 víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) será incumplida. Hasta el momento el Consejo de Reparaciones inscribió a 62,909 víctimas en el RUV, quedando sin ser calificados más de 28 mil que se encuentran ya en nuestra institución.

Los trabajadores del Consejo de Reparaciones informaron a la opinión pública sobre el constante maltrato que viene sufriendo esta institución, y con ello también las víctimas del conflicto armado interno, por la falta de atención y prioridad de parte del actual gobierno.

La entidad fue creada, como se recuerda, cuando en el gobierno de Alejandro Toledo se promulgó la Ley 28592, Ley Integral de Reparaciones, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

54% insatisfechos con el sistema judicial


Pero encuesta de la Universidad Católica revela cierta mejoría en el nivel de satisfacción: de 35% ha pasado a 44%.
La última encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Universidad Católica revela muchos factores que aún no se resuelven respecto a la justicia en el Perú. Los encuestados confirman que no ha mejorado, que se distancia cada vez más de las personas, es ajena a reclamos, está influenciada por factores externos, además de ser incomprendida en muchos casos.

Según Jorge Santiesteban de Noriega, ex defensor del Pueblo, la mala percepción de la justicia se debe a cientos de años de historia en la cual muchos se han encargado también de sentenciarla. Resalta que la encuesta deja ver que “la insatisfacción de la población con el sistema judicial sigue siendo mayoritaria (54%).

Pero hay novedades que destacar. La más importante es que la tasa de satisfacción (35%) se viene recuperando, ya que entre 2008 y 2009 ha mejorado en 14 puntos, aunque no alcanza los niveles de satisfacción del 2007, que fue de 44%”.

La encuesta también confirma el aumento de la inseguridad ciudadana por el incremento de los procesos penales. “Es evidente el incremento de los procesos penales (9% el 2007 frente a 28% el 2009), lo que responde a dos elementos: el incremento de la inseguridad ciudadana, que puede palparse día a día, y una mayor conciencia de judicialización relacionada con problemas endémicos como el maltrato familiar y similares”, concluye.

Con respecto a los procesos judiciales, sólo el 12% de los encuestados han tenido, en los últimos 5 años, un proceso judicial. Para Walter Albán Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex Defensor del Pueblo, esto representa “una clara expresión de desconfianza respecto del aparato judicial y sus agencias, basada más en una “impresión compartida”, que en una experiencia directa y verificable”.

Asimismo, parece contradictorio que “la figura del abogado no resulte confiable para la gran mayoría, la evaluación de su actuación para este mismo sector resulte ser buena o muy buena (67%), e incluso regular para un porcentaje significativo (26%)”, expresó Albán Peralta.

Cesar San Martín Castro, profesor universitario y juez supremo, explica un punto fundamental en la encuesta. “Es clara la percepción social de que un juicio se gana con dinero e influencias, antes que por un buen abogado y un juez imparcial”. Y se refiere específicamente a la pregunta: ¿diría usted que los jueces peruanos son independientes frente a la presión de…? Y la percepción revela que las presiones políticas son mayoritarias con 53%, luego la de los funcionarios públicos con 49%, seguido de los empresarios con 48% y finalmente los periodistas u hombres de medios de comunicación con 44%.

También comenta que “el 65% (de los encuestados) protesta por la duración de los procesos, que se extienden en una media entre uno y dos años, de lo que fluye que las experiencias de descarga procesal no han sido eficaces”.

A este comentario se suma la excesiva burocracia. Un 41% cree que hay “una excesiva burocracia”, seguido de un 36% que cree que hay “una falta de buena disposición de los jueces” y por último un 17% que afirma que hay tretas legales de los abogados. Todos estos elementos confirman la causa de los atrasos en los procesos judiciales.

Finalmente, el juez San Martín reflexiona al decir que “si se analizan los factores de la desconfianza en el aparato judicial, se podrá advertir que se asientan en la configuración y funcionamiento del Estado: distancia, falta de rigor e inadecuada gestión para resolver los problemas sociales más urgentes: corrupción, transparencia, inversiones sociales, etc. En lo específicamente judicial, resalta el rechazo a la mora judicial y la demanda implícita de consistentes políticas públicas, para garantizar un servicio judicial más equitativo, tanto en lo que se refiere al acceso a la justicia y al control razonable de la corrupción, como a la configuración de respuestas ordenadas del sistema judicial en la solución de los conflictos de su competencia”.

Tribunal revisará condena de Fujimori el 23 de noviembre

Fallo determinará validez o nulidad de sentencia por casos La Cantuta, Barrios Altos, secuestro de Gorriti y Dyer.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema revisará el 23, 24 y 25 de noviembre la vista del recurso de nulidad interpuesta por la defensa del ex presidente Alberto Fujimori contra la sentencia de 25 años impuesta por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.

“Debido a la complejidad del presente caso y de acuerdo con lo solicitado por las partes procesales, el Tribunal estableció que las audiencias se realicen por tres días consecutivos en la sede judicial de Ate-Vitarte”, resumió el comunicado oficial.

Ese día los abogados de la parte civil Carlos Rivera, Antonio Salazar, David Velazco, Rosa Quedena, Gloria Cano, Sandra Mendoza, Gisella Astocóndor, Gustavo Campos y Cristian Solís expondrán sus argumentos por seis horas, alegando a favor de la condena.

Al siguiente día, 24 de noviembre, será el turno de los abogados del ex mandatario: César Nakazaki y Gladys Vallejo, quienes tendrán seis horas para exponer el pedido de nulidad ante los miembros del tribunal.

El último día, se escucharán las réplicas y dúplicas que las partes implicadas soliciten, durante un lapso total de dos horas.

Recordemos que Fujimori Fujimori fue condenado en primera instancia a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, realizadas por el grupo militar Colina, y el secuestro de un empresario y un periodista tras el autogolpe de Estado de 1992.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, encargada de este proceso está presidida por el juez supremo Duberlí Rodríguez y la cual está integrada por los magistrados Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra.

CNM investigará viaje de supremos a París

Magistrados Francisco Távara y Jorge Solís, y sus respectivas esposas, estuvieron en Ciudad Luz a cuenta de Universidad Alas Peruanas.
Un viaje supremo: los vocales supremos Francisco Távara, ex presidente del Poder Judicial, y Jorge Solís Espinoza, viajaron a París invitados por la Universidad Alas Peruanas. Este centro de estudio, administrado por personas vinculadas a militares, cuenta con 139 proceso judiciales, como demandados o demandantes.

La denuncia fue publicada en los diarios La República y La Primera. Távara ha señalado que el viaje, que realizaron con sus esposas, fue para participar en una ceremonia en homenaje al poeta nacional César Vallejo.

Según el ex presidente del PJ, los gastos del viaje de las esposas fueron pagados por ellos. No obstante, las primeras investigaciones señalan que según el RUC del pasaje, en el caso de la esposa paga los pasajes la universidad Alas Peruanas.

La Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha pedido al pleno de esa institución abrir proceso de destitución a los vocales supremos

El permiso

Y fue Javier Villa Stein, actual presidente del PJ, quien aceptó el oficio que tramitó Távara Córdova para viajar a Francia y participar como expositor en dicho evento.

Aníbal Torres, integrante de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) investigará si el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Villa Stein, tiene o no responsabilidad sobre el caso.

Refiriéndose a Távara, Villa Stein, ha dicho que “No sabía que el señor fuera poeta o conociera de literatura (...) Hasta donde sé, no ha conseguido ni maestrías, ni doctorados académicos, eso tiene que estudiarse”.

Villa Stein pidió a la Suprema que suspendiera a Távara y el otro vocal supremo implicado, Jorge Solís.

Malas relaciones

Távara mencionó que la relación con Villa Stein no es buena. “He tratado de buscar una explicación y lo único que recuerdo que el doctor Villa Stein compitió conmigo en la presidencia y lo eligieron a este servidor. De repente ese fue el motivo por el que se molestó un par de meses”. Dijo también que Villa Stein conocía con detalle el viaje, puesto que él le otorgó un permiso.

Finalmente, recalcó que quien había mentido al país había sido Villa Stein: “ha mentido al país y ha faltado a la verdad”, con respecto a la acusación en contra de su esposa. Dijo que tiene pruebas que demuestran lo contrario.

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN

El Estado garantiza la libertad de conciencia y, con fundamento en ello, "nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencia ni a observar prácticas contrarias a su conciencia”. Asimismo, “se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común”.
Por otra parte, el ordenamiento jurídico reglamenta las sanciones para los que violan la libertad de religión y culto. El Código Penal establece que “el que por medio de violencias obligue a otro a cumplir acto religioso o le impida participar en la ceremonia de la misma índole, incurrirá en arresto de tres (3) a dieciocho (18) meses; y que “el que perturbe o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido en la nación, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años”.

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

El derecho a la igualdad es el reconocimiento que, por encima de naturales diferencias (color, talla, sexo), existen características que son comunes a todos los hombres por su sola condición humana.
Desde luego, la igualdad ante la ley no significa que en cualquier circunstancia, todos tengamos los mismos derechos. El ordenamiento jurídico concede legítimamente ciertas ventajas a quienes se encuentran en situaciones que así lo ameritan. Lo que implica el principio de igualdad ante la ley es que a personas en igualdad de circunstancias se les aplique la ley equitativamente, sin privilegios ni discriminaciones. Este principio es fundamental en las
sociedades democráticas.
Que el trato desigual es admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente aceptable, pero esta debe reunir las siguientes circunstancias: que los ciudadanos se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho, que el trato desigual tenga una finalidad, que dicha finalidad sea razonable, admisible desde la perspectiva de los
valores y principios constitucionales, que el supuesto de hecho sea coherente entre sí o guarde racionalidad interna, esa racionalidad sea proporcional.

DERECHO A LA VIDA

Este proyecto de texto es importante. Desde el principio del embarazo pertenece a la vida humana no nacida el derecho a la vida, en base a su dignidad humana. Resulta absurdo que este derecho del concebido se condicione a que nazca vivo y que se establezca excepciones.
Nos encontramos en la ineludible obligación de defender el derecho a la vida humana independientemente de que ya haya nacido o que nazca vivo por las siguientes consideraciones:
Primero : El ser humano desde el momento de la concepción viene dotado de una dignidad dispuesta por Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza, realidad que ninguna persona con uso de razón puede ignorar.
2. De esa dignidad derivan una serie de derechos naturales que son intangibles porque resultan indispensables para ser plena realización como persona humana.
3. Es por eso que la moral, como ciencia reguladora de la conducta humana constituye una necesidad antropológica de toda persona porque debe realizarse hasta alcanzar su plenitud, conforme a la razón y en ejercicio de su libertad. Su realización constituye así una necesidad, pero que la determinación queda librada a cada cual.
4. Si libremente decide la no realización moral, entonces vivirá de espaldas a la razón y de acuerdo únicamente a sus instintos.
5. Los derechos naturales tienen como punto de partida la vida del ser humano, porque sin vida no existen derechos, porque el ser humano es sujeto de derecho.
6. La dignidad con que viene al mundo es un valor humano, espiritual y moral. De ahí, su primacía, que se comprende a la luz de los dos grandes pilares sobre los que descansa su plena significación:
La Creación y la Redención.
Creación: El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. (Cfr. gn. 1, 26-30).Redención: Cuando se profundiza en el misterio redentor de Cristo, su Hijo, que siendo Dios se hizo Hombre, para salvar a los hombres, incorporándonos a la condición de hijos de Dios. "Porque tanto amó Dios al mundo (proclama el Evangelio), que dio a su Hijo único para que todo el mundo que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna". (Jn. 3, 16)
7. La concepción que se tenga del ser humano no puede racionalmente desvincularse de la existencia de Dios y porque el fundamento de la categoría del hombre, no puede ser el hombre mismo, sino un Ser anterior y superior a todos los hombres y capaz de infundir libertad y razón en la materia de que estamos hechos, y ese SER, principio y fin de todo lo creado es Dios.
8. Desde el punto de vista de la historia y del Derecho, descubrimos una importante realidad: El hombre es anterior a toda sociedad y al Estado.
9. El Estado y el Derecho son creación del hombre. Por eso es que el fin del Estado y de toda sociedad debe estar en relación con su razón de ser.
La persona humana es un fin en sí mismo.
El fin del Estado es la persona humana.
El fin del Derecho es la persona humana porque regula la conducta social, para su realización. El objeto del Derecho es la justicia que es una virtud social moral que coadyuva a esa finalidad.
El Derecho no puede nunca ser contrario a los derechos humanos porque sería la negación de la justicia.
La justicia es el reflejo de la conciencia y constituye un valor ético indispensable para dicha realización.
10. La dignidad humana es el valor supremo de todo ordenamiento jurídico. Es por ello que el Estado, promotor del bien común no puede en manera alguna afectar ni soslayar dicha dignidad. El bien común implica el servicio de la persona humana a través del bien común y por tanto se encuentra en la ineludible obligación moral de defender, proteger y promover sus derechos.
11. Cualquier acto del Estado, que a través de sus órganos públicos desconociera esta dignidad, que es la fuente de todos sus derechos, sería inicuo e implicaría la negación del Derecho, porque el Derecho sin justicia no es derecho.
12. Con el principio del embarazo pertenece a la vida humana no nacida el derecho a al vida, en base a su dignidad humana.Así lo señala y reitera la Iglesia Católica y así también el Tribunal Constitucional Alemán el 28 de mayo de 1993.
13. El ser humano desde el momento de la concepción está dotado de dignidad y por eso goza de derechos incondicionales porque tiene vida humana.


Derechos de la Persona

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos, com­pu­tarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y a la seguridad personales.